Comunicado de prensa

Alianza por el Acuerdo de Escazú hace un llamado hacia la implementación efectiva del tratado en Colombia, tras la sentencia de la Corte Constitucional que reafirma la validez del tratado y declara su entrada en vigor en el país.

La ratificación del Acuerdo de Escazú representa un paso trascendental para Colombia en materia de justicia ambiental y protección de quienes defienden el medio ambiente. Este tratado internacional fortalece el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a la información ambiental, participar activamente en la toma de decisiones y acceder a mecanismos de justicia. De esta manera, se sientan las bases para un desarrollo ambiental más transparente, inclusivo y sostenible.

El Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, impone ahora a Colombia como Estado Parte una serie de obligaciones concretas, entre ellas: (i) Garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, de manera oportuna, comprensible y sin discriminación. (ii) Facilitar la participación pública en la toma de decisiones ambientales, incluyendo proyectos, políticas y normativas que puedan afectar el medio ambiente y los territorios. (iii) Asegurar el acceso a la justicia ambiental, con mecanismos eficaces, adecuados y accesibles para todas las personas. y (iv) Proteger a personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, reconociendo su labor legítima y garantizando condiciones seguras para su actuación.

A la luz de esta nueva etapa, la Alianza destaca la necesidad de que el gobierno colombiano, junto con instituciones del Estado, la sociedad civil y los territorios, avance con la elaboración de una hoja de ruta y plan de implementación que defina claramente los pasos, responsabilidades, cronogramas y recursos necesarios para cumplir con las obligaciones que se desprenden del tratado. Este plan de implementación debe ser construido de manera participativa, con enfoque de derechos humanos, étnico y territorial y debe contemplar mecanismos de seguimiento ciudadano, indicadores de cumplimiento y acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad.

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