TENDENCIA ÂĄEl Acuerdo de EscazĂș ya es parte del marco jurĂ­dico ambiental colombiano!

Comunicado de prensa

Alianza por el Acuerdo de EscazĂș hace un llamado hacia la implementaciĂłn efectiva del tratado en Colombia, tras la sentencia de la Corte Constitucional que reafirma la validez del tratado y declara su entrada en vigor en el paĂ­s.

La ratificaciĂłn del Acuerdo de EscazĂș representa un paso trascendental para Colombia en materia de justicia ambiental y protecciĂłn de quienes defienden el medio ambiente. Este tratado internacional fortalece el derecho que tiene la ciudadanĂ­a a acceder a la informaciĂłn ambiental, participar activamente en la toma de decisiones y acceder a mecanismos de justicia. De esta manera, se sientan las bases para un desarrollo ambiental mĂĄs transparente, inclusivo y sostenible.

El Acuerdo de EscazĂș, primer tratado ambiental de AmĂ©rica Latina y el Caribe, impone ahora a Colombia como Estado Parte una serie de obligaciones concretas, entre ellas: (i) Garantizar el derecho de acceso a la informaciĂłn ambiental, de manera oportuna, comprensible y sin discriminaciĂłn. (ii) Facilitar la participaciĂłn pĂșblica en la toma de decisiones ambientales, incluyendo proyectos, polĂ­ticas y normativas que puedan afectar el medio ambiente y los territorios. (iii) Asegurar el acceso a la justicia ambiental, con mecanismos eficaces, adecuados y accesibles para todas las personas. y (iv) Proteger a personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, reconociendo su labor legĂ­tima y garantizando condiciones seguras para su actuaciĂłn.

A la luz de esta nueva etapa, la Alianza destaca la necesidad de que el gobierno colombiano, junto con instituciones del Estado, la sociedad civil y los territorios, avance con la elaboración de una hoja de ruta y plan de implementación que defina claramente los pasos, responsabilidades, cronogramas y recursos necesarios para cumplir con las obligaciones que se desprenden del tratado. Este plan de implementación debe ser construido de manera participativa, con enfoque de derechos humanos, étnico y territorial y debe contemplar mecanismos de seguimiento ciudadano, indicadores de cumplimiento y acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad.

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