La Universidad del Rosario analiza en profundidad el Acuerdo de Escazú, destacando cómo esta iniciativa global fortalece la democracia verde en América Latina y el Caribe. El artículo, escrito por Amira Abultaif Kadamani, presenta los siguientes hallazgos importantes:
1. Origen y propósito
El tratado, adoptado en marzo de 2018 en Escazú (Costa Rica), se basa en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y busca garantizar derechos ambientales fundamentales: acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental, así como la protección de defensores ecológicos.
2. Papel de Colombia
La abogada Lina Muñoz Ávila participó activamente en las negociaciones desde 2014 y lidera esfuerzos académicos y colaborativos para la implementación del tratado en Colombia. Se ha conformado una alianza entre universidades y organizaciones ambientales (incluyendo la Universidad del Rosario, Universidad de los Andes, WWF Colombia y MASP) que impulsa la plataforma Escazú Ahora y será el motor de un diagnóstico nacional sobre su ejecución.
3. Contexto nacional
Colombia cuenta con sistemas establecidos (Humboldt, Ideam, Sinchi, Invemar, entre otros) que propician la gobernanza ambiental. Aun así, persisten desafíos como la fragmentación normativa y la necesidad de integrar mecanismos de participación, justicia e información. El país también enfrenta una alta conflictividad ambiental (129 conflictos reportados) y riesgos graves para los defensores del medioambiente (24 asesinatos en 2018).
4. Innovaciones del acuerdo
El Acuerdo de Escazú introduce elementos trascendentales como la protección legal a defensores ambientales, la integración explícita de los derechos humanos con el medioambiente y el impulso a la cooperación regional y al desarrollo de capacidades institucionales.
5. Implementación y retos
Aunque los países tenían un plazo hasta 2020 para ratificar el tratado, la pandemia retrasó los procesos. En Colombia, se requiere una estrategia clara que incluya definiciones legales, estándares uniformes, indicadores participativos e inclusivos, especialmente orientados a grupos vulnerables. La crisis del COVID‑19 refuerza la urgencia de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que combine recuperación económica con protección ambiental.
Conclusión
El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad histórica para transitar hacia una democracia ecológica responsable y equitativa. Aunque Colombia ya cuenta con bases institucionales sólidas, aún es necesario consolidar herramientas normativas, mecanismos participativos y justicia ambiental efectiva. La colaboración entre academia, sociedad civil y Estado será clave para transformar el tratado en acciones concretas.
Referencia: Amira Abultaif Kadamani. “Anatomía del Acuerdo de Escazú, una herramienta para proteger el medioambiente.” Revista Divulgación Científica, Universidad del Rosario. Publicado el 28 de diciembre de 2020. Leer artículo original.
El 5 de junio de 2025, Bahamas se convirtió en el 18.º país de América Latina y el Caribe en ratificar el Acuerdo de Escazú, reafirmando su compromiso con la gobernanza ambiental y los derechos humanos. La firma se realizó en Nassau durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, consolidando a Bahamas como el décimo Estado de CARICOM en adherirse al tratado regional.
La Alianza Escazú, en el stand de Dejusticia en la COP16, analizará la experiencia de Colombia en la ratificación del Acuerdo de Escazú, sus logros en la democracia ambiental y los retos futuros, promoviendo un diálogo entre la sociedad civil nacional y regional sobre su implementación y protección de defensores ambientales.
La Alianza por el #AcuerdoDeEscazú dijo presente en la #COP16Colombia. En el stand de Dejusticia, en Zona Verde, conversamos entre organizaciones aliadas para contarle al público acerca de la conexión entre este acuerdo y las metas sobre biodiversidad, además de los retos que vienen para implementarlo en Colombia.
La Alianza por el Acuerdo de Escazú es una iniciativa conformada por organizaciones no gubernamentales, universidades y representantes de redes, con diversas capacidades y enfoques de trabajo, comprometidas con la promoción de la ratificación, adhesión e implementación efectiva del Acuerdo de Escazú en Colombia.
